Tras más de dos a?os de preparación, la Directiva de Debida Diligencia en Materia de Sostenibilidad Corporativa de la UE (conocida como “CSDDD”) no logró ser aprobada en la votación más reciente. Según informaron Reuters y el South China Morning Post el día 28, al abstenerse 13 Estados miembros —entre ellos Alemania e Italia— y al oponerse Suecia, esta legislación considerada clave para reforzar la responsabilidad empresarial y proteger los derechos humanos no obtuvo el apoyo mayoritario necesario.

Aunque la Ley de Cadena de Suministro no se?ala directamente a China, exigirá a las principales empresas dentro de la UE realizar investigaciones debidas detalladas sobre sus socios comerciales en terceros países. Dado que China es el segundo mayor socio comercial de la UE y ocupa una posición crucial en las cadenas de suministro, la implementación de esta ley sin duda tendrá un impacto significativo en las empresas chinas.

La presidencia rotativa del Consejo de la UE, ejercida por Bélgica, declaró tras el rechazo del proyecto de ley que continuará consultando con el Parlamento Europeo sobre las preocupaciones de los Estados miembros. Sin embargo, el sitio web de Forbes se?ala que el Consejo de la UE enfrenta presión de tiempo: solo dispone de dos semanas para presentar una alternativa y es altamente improbable que la ley se apruebe antes del 15 de marzo. Con las elecciones al Parlamento Europeo acercándose, el futuro del proyecto es incierto y, en la práctica, ya está muerto en vida.

La Ley de Cadenas de Suministro fue propuesta por la Comisión Europea en febrero de 2022 con el objetivo de integrar los objetivos de desarrollo sostenible, como los derechos humanos y el medio ambiente, en las actividades comerciales globales y las cadenas de suministro empresariales, asegurando que las empresas de la UE mantengan una ventaja competitiva en las cadenas de suministro mundiales. La ley busca ejercer control sobre las empresas en la cadena de suministro y exigir la divulgación obligatoria de información; se prevé que su alcance se extienda a empresas de terceros países que cumplan con las condiciones regulatorias.

Según lo establecido, la ley se aplicará a las empresas de la UE con más de 500 empleados y una facturación neta global de al menos 150 millones de euros, exigiéndoles identificar y corregir posibles problemas en sus cadenas de suministro como el “trabajo forzoso”, el empleo de mano de obra infantil o la degradación ambiental. Las compa?ías que infrinjan la normativa podrían enfrentar multas de hasta el 5 % de sus ventas mundiales. Además, se prevé que, tres a?os después de su entrada en vigor, el alcance de la norma se amplíe para incluir a compa?ías no comunitarias cuya facturación neta en los países de la UE supere los 150 millones de euros.

La postura de Alemania ha tenido un impacto decisivo en el futuro de la ley. Ya en enero de este a?o, cuando se publicó el borrador de la Ley de Cadenas de Suministro, Alemania dejó claro que no apoyaba la iniciativa, y su rechazo podría haber anticipado el resultado de que la ley no fuera aprobada.

Con la suspensión de la Ley de Cadenas de Suministro, el marco jurídico de la Unión Europea sobre la debida diligencia empresarial sigue en un estado de incertidumbre. En el futuro, la UE y sus Estados miembros tendrán que encontrar nuevas vías que equilibren la responsabilidad empresarial y la libertad de mercado, teniendo en cuenta al mismo tiempo las reacciones y la disposición a cooperar de los socios comerciales internacionales.